El Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, con el objetivo de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y bien nacional de uso público. La iniciativa establece prioridades de uso para el consumo humano, el saneamiento y la preservación de ecosistemas, por sobre actividades productivas. Además, propone cambios al régimen de concesiones, fortalece la gestión integrada de cuencas y reconoce los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos hídricos en sus territorios. Gremios empresariales advierten impactos en la actividad agrícola y minera, mientras organizaciones ambientalistas respaldan la reforma.